Muchos son los paises que ante la impotencia y la falta de justicia
de los mismos los obliga a buscar ayuda en las grandes
organizaciones encargada de velar por "La justicia y bienestar de
los pueblos".
Encontran respuesta en Dichas organizaciones?
Tales son los casos de Mexico, Hondura, Agentina, Venezuela
entre otros. Aqui les traigo de los archivos el caso de
Venezuela.
La Fiscalía registró en su informe anual de
2014 que 99% de las denuncias consignadas
por violaciones a los Derechos
Humanos no llegaron a la fase de juicio.
Si uno observa la agenda de Derechos Humanos en
Venezuela y los informes que se presentan en cada
año hay un aspecto presente y que es denominador
común en cada una de ellos: la impunidad que se
produce tras la violación de derechos como: libertad
de expresión, derechos políticos, derecho a la vida e
integridad personal, cuyos índices de valoración nos
colocan en los primeros lugares en el mundo.
A esa conclusión llega la directora de la organización
de defensa de derechos humanos Cofavic, Liliana
Ortega, quien junto a una coalición de
organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas y sociedad civil organizada, presentará
su informe de 2014 ante la Organización de las
Naciones Unidas, en Ginebra, a partir de este lunes
29 de junio.
El informe alternativo sobre la situación venezolana
corresponde al "cumplimiento del pacto internacional
de derechos civiles y políticos del Comité de
Derechos Humanos de la ONU, que en esta ocasión
le corresponde comparecer a Venezuela.
"La impunidad es en Venezuela un potenciador de la
violencia", sostiene la especialista en DDHH. "El
déficit de institucionalidad democrática, la
desaparición del Estado democrático, los espacios
que son vitales para el ejercicio de los derechos
humanos como son el monopolio de la fuerza, la
existencia de zonas controladas por grupos armados
civiles y bandas delictivas, el auge de la violencia y
la inseguridad, todos esos temas están vinculados.
Al buscar una razón explicativa de por qué tenemos
en Venezuela uno de los índices de violencia más
altos del mundo, encontramos un elemento común
que es la impunidad", asegura la experta, quien
coordinó la recopilación de una amplia información
de casos de violencia en todo el país.
Lo que dice Fiscalía
Para Liliana Ortega la impunidad comienza en el
Poder Judicial que es la punta de esa pirámide. Si
acudimos a las cifras oficiales encontramos que el
propio Estado venezolano en una audiencia pública
ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, informó que 66% de los jueces en
Venezuela son provisorios. A juicio de Ortega, ello
significa que son jueces que no tienen ninguna
estabilidad, lo que le da una enorme fragilidad al
Poder Judicial. Estamos hablando que 66% de los
jueces en Venezuela son de libre remoción por lo
que la autonomía de criterio es muy limitada.
Otra cifra oficial que explica por qué la impunidad es
un elemento común del cuadro de violencia en
Venezuela es aportado por el Ministerio Público
cuando afirma que 99% de los casos
correspondientes a denuncias sobre violaciones a los
Derechos Humanos no llegó a fase de juicio, indica el
Informe Anual del Ministerio Público del año 2014.
La Fiscalía señala en su informe que recibieron 8.049
casos de presuntas violaciones a DDHH. Se
realizaron 105 juicios, lo cual representa 1,3%. Es
decir que 99% de los casos no llegaron a esa fase.
Es de destacar que la etapa de juicio es "la
oportunidad procesal para que una víctima pueda
presentarse ante un juez, pueda presentar sus
pruebas, obtener una sentencia, obtener una
decisión, un establecimiento de la verdad desde el
punto de vista de la perspectiva jurídica. Esa
oportunidad no ocurrió en 99% de los casos que
fueron denunciados como violación a los Derechos
Humanos".
Ejecuciones Extrajudiciales
Las ejecuciones extrajudiciales a manos de
autoridades policiales y militares registraron un
aumento en 2014, según destaca el informe de las
ONG que comparecerán ante la ONU.
Durante el período enero a diciembre 2013, Cofavic
documentó en 23 estados del país 802 casos de
presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que
en el período enero a diciembre 2014, registró en las
24 regiones del país, 1.018 casos de presuntas
ejecuciones extrajudiciales, siendo llamativas las
cifras del tercer trimestre del año, en el cual
ocurrieron 334 casos. Lo anterior constituye un
aumento de 34,28% en casos de presuntas
ejecuciones extrajudiciales con respecto a los casos
reportados durante el 2013.
El Ministerio Público dejó de registrar este tipo de
delitos a partir del año 2008. Pero del 2000 al 2008
el organismo informó que en Venezuela se
cometieron "al menos" 1.044 casos, una de las cifras
más altas de América Latina. Es de aclarar que un
caso puede registrar más de una víctima de
ajusticiamiento. Es importante aclarar que las cifras
de la Fiscalía hasta el 2008 disgregaban los casos de
presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas,
tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas
etc.
Torturas y tratos crueles
En Venezuela, un número importante de casos de
torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes se
presentaron en el contexto represivo de
manifestaciones públicas en el 2013 y 2014. Los dos
días siguientes a las elecciones presidenciales del
año 2013 estuvieron marcados por las protestas en
varias ciudades del país, dejando un saldo de
aproximadamente setenta presuntas víctimas de
estos tipos de delitos en los estados Lara, Carabobo
y Barinas, en su mayoría jóvenes entre dieciocho y
veinticinco años. Posteriormente, durante los meses
de febrero a junio de 2014, se registraron en
distintas ciudades del país protestas sociales, en su
mayoría pacíficas, donde se evidenciaron acciones
represivas por parte de cuerpos policiales, militares,
e inclusive de grupos civiles armados que han
actuado presuntamente bajo la aquiescencia de
órganos del Estado. Durante estos eventos, la
organización Cofavic, logró documentar noventa
casos de presuntas torturas, tratos crueles
inhumanos y degradantes, además de veinte casos
de presuntos hostigamiento a residencias.
Por su parte, el Ministerio Público indicó el 10 de
febrero del 2015, que a través de la Dirección de
Protección de Derechos Fundamentales se iniciaron
238 investigaciones por afectación de derechos.
Igualmente, se reportaron 878 personas lesionadas,
de las cuales, al menos 600 eran civiles y 278
funcionarios públicos, además de 43 personas
fallecidas, de las cuales 33 eran civiles y 10
funcionarios públicos.
En cuanto al proceso de investigación, se indicó que
se presentaron 216 actos conclusivos relacionados
con las 238 investigaciones iniciadas. De los actos
conclusivos presentados existen 184
sobreseimientos, lo que significa que no se
consiguieron elementos convincentes que los llevara
a determinar la existencia de un delito. El informe
incluye además que hubo 19 archivos fiscales y 13
acusaciones. Todo lo anterior, implica que en 85%
de los casos, no se continuó con el proceso, y en lo
que sí prosiguieron, están en etapa de investigación
o juicio, y a la fecha no se sabe de alguna sentencia.
Para la directora de Cofavic esas cifras del Ministerio
Público son reveladoras del nivel de impunidad que
se ha venido estableciendo. "Hoy día no es posible
minimizar los casos de torturas, tratos crueles e
inhumanos y degradantes que están en los informes
de la ONU".
Grupos Armados
En los hechos de 2014 se pudieron identificar varios
casos de acciones de grupos armados,
especialmente con ataques a residencias en zonas
urbanas de Barquisimeto, Caracas, Maracaibo y
Táchira, en donde las fuerzas de seguridad del
Estado actuaban conjuntamente con grupos armados
civiles.
Esto no solo lo están señalando las organizaciones
que presentaron este informe ante la ONU. También
lo reconoce el Comité Contra la Tortura de Naciones
Unidas, que hace un llamado al desarme de estos
grupos civiles y determina muy claramente que
Venezuela tiene una responsabilidad en esa materia.
En el informe se destaca como ejemplo, el llamado
hecho por Francisco Ameliach, gobernador del
estado Carabobo, el día 16 de febrero de 2014, en
las cuales señaló: "UBCH a prepararse para el contra
ataque fulminante..." Igualmente, son diversos los
testimonios que afirman haber visto a los presuntos
cuerpos de seguridad actuando en conjunto con los
grupos armados, en muchos casos sirviéndole
incluso de escoltas o dejando las zonas sin
vigilancia, permitiendo su libre actuación.
"El monopolio de la fuerza tiene que estar en manos
del Estado, es el Estado el que debe usar la fuerza
para proteger a los ciudadanos, no en contra de los
ciudadanos", argumenta Ortega.
Derecho a la manifestación
En Venezuela el derecho a la manifestación se ha
asimilado al derecho penal del enemigo, es decir,
cualquier persona que manifiesta tiene que ser
investigada y le imputan una serie de delitos.
"Un ciudadano que manifiesta no es un enemigo
interno, es un ciudadano que manifiesta. El Estado
por lo que tiene que velar es porque esa
manifestación sea pacífica, él (Estado) tiene que ser
el garante de que esa manifestación se produzca. Un
ciudadano que manifiesta por agua, por vivienda o
por la inseguridad no es un enemigo interno, es
alguien que está exigiendo un derecho y el Estado lo
que debe hacer es darle una respuesta a esa
demanda", dice Liliana Ortega.
El informe señala que la mayor parte de las
imputaciones contra las personas detenidas en los
hechos de 2014 fueron genéricas, lo cual "es
contrario al derecho penal que establece como una
garantía judicial básica que si se comete un delito
debe estar individualizada su responsabilidad. Si el
imputado cometió el delito de obstrucción de la vía
pública, destrucción de bienes públicos, se debe
establecer cuál fue su grado directo de
participación", explica Ortega.
Sobre el derecho a manifestar el informe cuestiona
la resolución 008610 emitida por el Ministerio de
Defensa el pasado 23 de enero sobre el control de
manifestaciones, en el que en su artículo 15 indica
que "la FANB podría usar agentes químicos, así
como portar y hacer uso de armas de fuego en el
control de reuniones y manifestaciones públicas".
Esto según el informe de las ONG, es contrario a los
artículos 68 y 332 de la Constitución Bolivariana de
Venezuela que prohibe el uso de armas de fuego y
sustancias tóxicas en el control de manifestaciones.
Contra la mujer
Destaca el informe que se estableció un especial
ensañamiento contra las mujeres, en delito de
género por parte de los funcionarios.
En los casos de detenciones durante las
manifestaciones se encontró el uso recurrente de un
lenguaje despectivo hacia la condición de género de
las mujeres, reiteradas amenazas de violencia
sexual, criminalizaciones por el sexo, por la forma de
conducirse de las mujeres y falta de atención por
necesidades de género.
Otros elementos que señala el informe son las malas
condiciones de los centros de reclusión, la violación
de la garantía judicial del debido proceso y la falta
de centros penitenciarios adecuados para las
mujeres.
Texto: El universal.-
Las mujeres son interpeladoras de los violadores sexuales cuando los tales son novatos debido a que los tales son mentecatos en el cortejo como en mi caso de que soy inminente parafílico con las tales. El error de las tales es resarcirme necrofílicamente para calumniarme de obsesivo en la cobardía traicionera de las tales.
ResponderEliminarPor las bastardas de mi parafilia voyeurista me calumniaron de prevaricador consecuente a calumniarme de violador sexual parafílico por una ignominia sexual necrofílica desde el año de 1,992 por mis corresponsales polares de mi paradoja esotérica (vórtices virtuales que me exploran esotéricamente para especularme apologalmente). Solicito resarcirme parafílicamente por las secuaces de mi siguiente masoquismo:
Peerme abnegado de saturarme semblante por la eminente densidad de los simétricos pantalones de las secuaces de mi transversal lubricacion indumentaria de mi rudimentaria investidura a mi oblicua friccion con un harapo por zarandearme extasiante por un prominente bate por convalecerme fidedigno de preservarme casto. Tambien tengo calumniadoras circunvecinas a mi casa quienes me sabotean con mi vecindario.
Solicito hostigarme masoquistamente por las cínicas intrusas en grupos de mi casa ubicada en lote 10 manzana "R" del sector 5 de los claveles de residenciales San José del municipio de San José Pinula del departamento de Guatemala de mi nacion Guatemala de la América Central por mi oprobio sexual con Guatemala desde el año de 1,992 por mis calumniadores surrealistas y por mis calumniadores contiguos a mi casa porque los tales me dejaron apologalmente obsesionado por la interpelacion sádica de las suspicaces quienes desean resarcirme afablemente pero no pueden por razones promiscuas en mi contra. Las tales deben ingresar abusivamente a mi hogar con el cuidado de que no estén mi madre y mi hermano porque son impostores que desean improvisarme masturbatoriamente por razones disidentes de convalecerme fidedigno con preservarme casto con los simétricos dorsos de los densos pantalones agudos de las secuaces con compelerme masturbatoriamente con los prominentes bates de base ball debido a que yo unicamente me masturbo en calzoncillo machacando el harapo de chamarras oblicuamente frontal levantando la cara para pedorrearme extasiantemente en la jornada matutina o vespertina porque en la jornada nocturna soy indispuesto de compelerme por razones de descanso reparador. Si piensan matarme estarían cometiendo un grave error porque soy el promotor de la paz del mundo por mis encarnaciones divinas de los Dioses pluriculturales del mundo como tambien necesito regenerarme masturbatoriamente para nunca ultrajar a las candidatas por motivos de frustrarme sexualmente por las tales debido a que soy mentecato. Con tal condicion resolveríamos a mi dilema sexual de 23 años de calumnia en mi contra por mis impostores apologales que me molestan desde el año de 1,992 por especularme sexualmente cuando era pasivo pero que por razones de suspicacia me resarcieron denigrante sin ninguna secuela sexual más que unicamente creerme obstinado novato. El problema de la calumnia consiste en que son cobardes en resarcirme masoquista porque son bastardas para denigrarme con el público cuando las confirmo del flirteo interpelador.
Atentamente:
Jorge Vinicio Santos Gonzalez,
Documento de identificacion personal:
1999-01058-0101 Guatemala,
Cédula de Vecindad:
ORDEN: A-1, REGISTRO: 825,466,
Ciudadano de Guatemala de la América Central.